En varios artículos y transmisiones en vivo, hemos recalcado la importancia de que exista el derecho al acceso a internet en Chile y Latinoamérica. Sin embargo, de lo que no nos percatamos es que existe un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso Nacional.
Derecho al acceso a internet en Chile: la ley que duerme en el Congreso
Dicen que uno de los valores del periodismo digital es la curiosidad. Mientras investigábamos el estado de avance de la legislación en materias de Ciberseguridad, encontramos un proyecto de ley sobre el derecho al acceso a internet en Chile, elaborado por los senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón, que se estancó en el primer trámite constitucional del Senado.
Pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pero no siguió avanzando para transformarse en ley. Por lo que, decidimos investigar al respecto e intentar preguntar qué sucedió y obtener la información de primera fuente.
Contenido de un proyecto que no prosperó
La moción tenía el objetivo de incorporar un numeral nuevo en el artículo 19 de la Carta Fundamental, para consagrar el derecho al acceso a internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales.
Derecho al acceso a internet en Chile
Si bien la propuesta no obligaba al Estado a «conectar» a los ciudadanos a la red, fijaba un objetivo de promoción y protección del derecho del que deberían gozar todas las personas para acceder a la red sin distinciones o perturbación por parte de terceros. No se consagraba un derecho-prestación, como es la naturaleza de los derechos económicos y sociales.
Además, la moción buscaba disminuir la brecha digital, definida como: «separación entre quienes tienen acceso efectivo a las tecnologías digitales y de la información, en particular a Internet, y quienes tienen un acceso muy limitado o carecen de él». También, tenía el objetivo de disminuir la brecha digital entre géneros, establecer garantías legales para el respeto de la neutralidad de la red, acceso universal a infraestructura y a la tecnología necesaria para hacer uso de ella, entre otros.
Protección a la libertad de expresión ejercida en internet
El proyecto de ley incorporaba las conclusiones del Consejo de Derechos Humanos referentes a que la libertad de expresión se ejerce sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija. No buscaba someter este ejercicio a la vigilancia del recurso de protección porque ya está cubierto en el ordinal 12°. No obstante, podía formar parte de un debate parlamentario.
Prohibiciones constitucionales
Otra de las características principales es la prohibición constitucional que iba a estar sujetos los órganos del Estado, respecto del control de las comunicaciones electrónicas o el ejercicio de actividades de vigilancia a través de la recolección masiva e indiscriminada de datos personales, utilizando métodos como la interceptación de comunicación de la red pública.
El proyecto agregaba una especial protección a la vida privada, con el objetivo de evitar los espacios de abuso del Estado en la utilización de los datos personales y las facilidades que ofrecen las TI (Tecnologías de la Información) para su tratamiento. Además, consideraba la protección a los metadatos y no lo hacía de manera superficial, sino que se basaba en la legislación de la Unión Europea.
Uso de interceptación de comunicaciones para el ejercicio de la persecución penal
Una cuarta característica destacable era el reconocimiento de la facultad de los tribunales de justicia de autorizar excepcionalmente la interceptación de las comunicaciones circunscrita a una persona determinada, siempre y cuando se cumplieran los requisitos objetivos que señala el inciso. De esta manera, reproducía la lógica y los elementos que están fijados en el artículo 222 del Código Procesal Penal.
Tratamiento de los datos personales
Finalmente, el proyecto de ley alertaba que la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada que data del año 1999, se estructura con lógicas que obedecen a una realidad ampliamente superada por la tecnología. Por lo que, se evidenciaba la necesidad y el interés de promover nuevas reglas que se ajustaran con la realidad que vive la sociedad actualmente.
Existía un mandato constitucional de dictar una ley que aborde el tratamiento de datos personales, en el marco de las garantías a la privacidad de las personas y el derecho de autodeterminación informativa.
Revisa el proyecto completo
Respuesta del equipo jurídico y legislativo del senador Guido Girardi Lavín
Aurockra contactó al equipo jurídico y legislativo del senador de la Región Metropolitana, Guido Girardi, con el objetivo de saber por qué un proyecto de ley de estas características se estancó en el Congreso Nacional y si el debate hacia una nueva Constitución puede abrir la puerta para que el derecho al acceso a internet en Chile pueda ser una realidad.
¿Por qué el proyecto de ley no avanzó en el Congreso Nacional?
R: Generalmente los proyecto de reforma constitucional son los más difíciles de tramitar, puesto que requieren de un altísimo quorum para su aprobación. Igualmente el proyecto jamás tuvo urgencia por parte del Presidente de la República quien posee esa facultad exclusiva y que permite que los proyectos se muevan con más rapidez, por último el Senador Girardi dejó la comisión de Transporte y Telecomunicaciones hace 2 años y como impulsor de la propuesta se hace más complicado presionar cuando ya no eres parte como miembro de la comisión, puesto que los Senadores cambian sus prioridades.
¿Qué hizo falta para realizar la promulgación del Derecho al acceso a internet como derecho constitucional?
R: Si bien el Senador es autor de la moción indicada, el Derecho a Internet como un servicio básico a comenzado recién a arraigarse en las conciencias de las personas, la moción es de hace 4 años, hoy existe más consenso de lo fundamental que es para nuestras vidas y que por tanto el Estado debe poner atención en ello. Otra de las mociones del Senador al respecto, es la actual ley de velocidad mínima de internet, que parte de esta idea de entender el internet como un derecho básico, para el siglo XXI.
«(El derecho al acceso a internet) puede ser perfectamente una realidad»
Actualmente, ¿qué se necesita para que el derecho al acceso a internet sea una política importante en Chile, siendo que la ciencia y la tecnología son áreas que no forman parte de ninguna consigna política?
R: La ciencia y la tecnología al menos si son parte de la consigna política del Senador, por lo mismo preside la comisión de desafíos del futuro y es fundador del Congreso Futuro. Se necesita voluntad, y para este tipo de reformas debe ser prioridad para el Presidente de la República, puesto que implica recursos públicos y entender que el acceso a internet no es un privilegio, sino que se ha convertido en una necesidad básica.
En la Convención Constitucional, ¿será posible que el derecho al acceso a internet sea una realidad? ¿Cree que se abrirá esa puerta?
R: Puede ser perfectamente una realidad, como otros derechos que otras organizaciones están impulsando. El derecho a internet o al menos a este tipo de servicio ya se encuentra establecida en otras constituciones del mundo, por lo tanto no sería una extrañeza proponerlo. Si puede abrirse esa puerta si es que existen constituyentes que estén convencidos de ello.
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